Por años hemos oído que la gestión local es la columna vertebral de la administración pública en Chile. Son las municipalidades las que gestionan la educación inicial y básica, la atención primaria de salud, la infraestructura comunitaria y —lo que pocos advierten— la mayor parte de las contrataciones del sector público en el país. En ese sentido, cualquier cambio al empleo público repercute con fuerza en la trastienda local.
En los últimos meses, el debate sobre las llamadas “normas de amarre” —disposiciones que limitan la desvinculación de funcionarios bajo contrata y exigen causales objetivas para la no renovación— ha puesto sobre la mesa una discusión mayor: la tensión entre estabilidad laboral y flexibilidad de gestión, justo cuando el empleo público y el gasto están bajo la lupa. Esta pugna promete convertirse en una prueba de fuego para el gobierno entrante de José Antonio Kast, que asumirá el 11 de marzo de 2026.
Un dilema de principios y de práctica
Quienes defienden la llamada “norma de amarre”, como la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, argumentan que busca evitar despidos arbitrarios y dotar de cierta estabilidad a trabajadores a contrata, que representan una mayoría dentro del sector público. Sus críticos, incluyendo sectores de la oposición y parte del oficialismo, denuncian que lo que se está construyendo no es una defensa del empleo, sino una forma de bloquear el derecho del próximo gobierno a reorganizar su administración, y que podría tensar otras negociaciones legislativas claves.
Desde la mirada municipal, este debate no es abstracto: los jefes comunales tendrán menos margen de maniobra para ajustar sus equipos de trabajo, revisar prioridades y alinear sus gestiones con las nuevas directrices que Kast y su administración propongan. Más aún, en comunas con finanzas más ajustadas, estas normas pueden convertirse en restricciones presupuestarias encubiertas justo cuando el gobierno anuncia que quiere “reducir el gasto político” sin tocar derechos adquiridos.
Kast y la difícil ecuación fiscal
El Presidente electo ha señalado que la norma debe ser evaluada y debatida en el Parlamento, prefiriendo que la discusión se resuelva en sede legislativa antes de calificarse tajantemente. Ese tono moderado no sorprende: los análisis más amplios sobre el próximo gobierno indican que Kast enfrentará una economía estancada con presiones por recortes fiscales y expectativas ciudadanos altas. Dentro de ese contexto, una modernización del empleo público y de la gestión local aparece como una necesidad, no un lujo político.
Sin embargo, el riesgo es doble. Por un lado, flexibilizar demasiado la estructura laboral sin salvaguardas podría desestabilizar servicios locales esenciales y abrir brechas de atención en educación, salud y apoyo comunitario. Por otro, una rigidez excesiva —como la que implicarían normas que restrinjan arbitrariamente la capacidad de reclutar y reorganizar— puede asfixiar la capacidad de las municipalidades para responder a problemas concretos en sus territorios.
Más allá de las letras pequeñas
Este debate tiene una dimensión más profunda: qué entendemos por modernización del Estado y cómo alineamos incentivos para que el empleo público sea eficiente, profesional y orientado a resultados sociales, sin sacrificar derechos básicos de las personas que dedican su vida al servicio de la comunidad.
En Chile, donde la política suele polarizarse, estas discusiones tienden a cristalizarse en posiciones maximalistas —o se defiende el empleo como sagrado o se acusa de clientelismo cualquier intento de ordenarlo. La realidad es más compleja: las municipalidades necesitan autonomía, flexibilidad y herramientas claras para decidir cómo y con quién prestar servicios, sin que ello signifique vulnerar derechos laborales ni ahogar las finanzas locales.
Conclusión
El gobierno de José Antonio Kast tiene enfrente un desafío mayor: encauzar los legítimos reclamos de estabilidad laboral con la imperiosa necesidad de una gestión pública moderna y financieramente sostenible. En ese delicado equilibrio, las municipalidades no pueden ser meros espectadores; requieren interlocución, criterios técnicos y políticas claras que reconozcan que la fuerza de lo público en Chile radica en su presencia territorial y su capacidad de respuesta local.
Si en marzo de 2026 se avanza solo en términos burocráticos, sin entender estas tensiones, la “norma de amarre” podría convertirse en un símbolo —no de protección, sino de constricción— para la gestión municipal y, por ende, para la propia legitimidad del nuevo gobierno.
