La propuesta del jefe comunal, Jorge Lozano, busca otorgar un millonario incentivo al secretario municipal, Lisandro Torres, quien posee un historial de denuncias y condenas por acoso laboral contra subalternas.
El municipio de Chiguayante se encuentra en el centro de la controversia tras conocerse la intención del alcalde Jorge Lozano de aprobar un incentivo de jubilación por 78 millones de pesos en favor del secretario municipal, Lisandro Torres. La medida ha despertado una fuerte resistencia en el Concejo Municipal, dado que Torres cuenta con una condena vigente por maltrato laboral.
Un historial marcado por sanciones
El beneficiario de este bono no solo ha sido sumariado por acoso, sino que existe una sentencia judicial que acredita maltratos hacia cinco trabajadoras. Este caso previo ya le significó al municipio el pago de millonarias indemnizaciones a las víctimas.
A pesar de contar con un sueldo promedio mensual de 5,5 millones de pesos, Torres ha mantenido su remuneración íntegra pese a registrar suspensiones y prolongadas licencias médicas.
Tensión en el Concejo Municipal
La aprobación de los fondos —de los cuales 27 millones de pesos dependen directamente del voto de los concejales— generó un duro cruce de posturas en la última sesión:
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Rechazo ético: El concejal Carlos Hidalgo confirmó su voto en contra, mientras que Eduardo Avello advirtió que la ciudadanía no comprenderá este beneficio dadas las conductas del funcionario.
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Presuntas presiones: Juan Carlos Villalón denunció intentos de presión por parte de otros trabajadores municipales para forzar la votación bajo amenaza de supuestas ilegalidades si no se aprobaba el pago.
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Riesgo legal: La concejala Mayerlin Suárez alertó que concretar el pago podría constituir un delito, especialmente considerando que Torres enfrenta un sumario que podría terminar en su destitución.
Silencio desde la alcaldía
Hasta el momento, ni el alcalde Jorge Lozano ni la Municipalidad de Chiguayante han entregado declaraciones oficiales ante las consultas de la prensa. Se mantiene la incertidumbre sobre si la administración insistirá con una nueva votación en el Concejo o si buscará mecanismos alternativos para ejecutar el pago del polémico bono.
