El Gobierno da un nuevo paso clave en la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (ley N° 21.770, publicada el 29 de septiembre de 2025) con la publicación en el Diario Oficial del decreto que rige la entrada en funcionamiento de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión a partir del 1° de enero de 2026, fortaleciendo así la capacidad del Estado para agilizar permisos, reducir incertidumbre y apoyar la inversión productiva en el país.
El Decreto con Fuerza de Ley N° 01 del Ministerio de Economía fija oficialmente los objetivos e institucionalización de la Oficina, órgano funcionalmente desconcentrado de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño y creado conforme a la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS). Su labor incluye la administración de la ventanilla digital única SUPER, la supervisión del cumplimiento de plazos y estándares de tramitación y la propuesta de mejoras continuas al sistema -tanto regulatorias como de gestión- para que personas y las empresas tengan mayor certeza jurídica y predictibilidad al iniciar y desarrollar sus proyectos de inversión.
El biministro de Economía, Fomento y Turismo y Energía, Álvaro García, destacó este hito en la implementación de la ley: “Estamos dando un paso decisivo hacia un Estado que apoya y habilita la inversión, beneficiando tanto a las grandes iniciativas como a los emprendimientos de menor escala con el fin de que reducir entre un 30% y 70% los tiempos de tramitación de las autorizaciones sectoriales. Este paso es una pieza fundamental para garantizar la implementación de la ley y el buen funcionamiento del nuevo sistema de permisos que se creó con la Ley de Autorizaciones Sectoriales. Esta institucionalidad técnica especializada tendrá la responsabilidad de coordinar, monitorear y operar el nuevo sistema de permisos, asegurando que los trámites se realicen de forma más ágil, transparente y eficaz”.
De esta manera, la Oficina refleja la materialización de una de las reformas impulsadas con fuerza durante el Gobierno del Presidente Boric, convirtiéndose en un facilitador clave para atraer inversión, impulsar la productividad y generar más y mejores empleos en todo Chile.
Para el Seremi de Economía de Antofagasta, Matías Muñoz Valdebenito, este importante avance, “marca lo que nos planteamos como gobierno, en materia de apuntalar la inversión, y es dar mayores certezas para que pueda materializarse, sobre todo en una región que lidera a nivel nacional los indicadores de inversión”. El mismo jefe de la cartera regional, resaltó el rol coordinador que tendrá la Oficina, además de agregar un canal de denuncias para que el público general pueda entregar sus observaciones cuando estén insertos en el proceso de tramitación de permisos.
Conformación institucional y modernización
La nueva institucionalidad contará con 27 cargos, distribuidos en directivos, profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares, y tendrá como objetivo fortalecer la gestión, coordinación y modernización del sistema de autorizaciones del Estado. En forma transitoria (hasta el 11 de marzo), el cargo de Jefe de la Oficina será ocupado por el actual Jefe de la División Fomento Inversión e Industria del Ministerio, Nicolás Marshall.
Otro elemento clave de la ley que entra en vigor en conjunto con la nueva institucionalidad es el Canal Reservado de Denuncias que se habilitará en la Plataforma SUPER. Desde enero de 2026, cualquier persona podrá ingresar ante la nueva Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión los reclamos, denuncias u observaciones respecto de los órganos de la Administración, en el marco de la obtención de permisos, información que será entregada a los respectivos jefes de servicio y a la Contraloría General de la República para la adopción de las medidas necesarias para cautelar el correcto funcionamiento del Sistema de Permisos y la determinación de la eventual responsabilidad de funcionarios. De esta forma, el público general contará con una herramienta potente para denunciar los problemas que experimentan en la práctica cuando tramitan sus permisos.
A estos avances en la implementación de LMAS, se suma que en diciembre se inició el proceso de modernización de autorizaciones sectoriales con 7 instituciones claves en entrega de permisos: Consejo de Monumentos Nacionales, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, Ministerio de Bienes Nacionales, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.
La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales que fue publicada en el Diario Oficial el pasado 29 de septiembre, establece un nuevo marco regulatorio, que tiene como eje la modernización del Estado para que los permisos sean otorgados en tiempo y forma con el objetivo de reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de espera para la ejecución de iniciativas de inversión, y de un 50% para los correspondientes a proyectos estratégicos.
La normativa incorpora principios como la tramitación paralela de autorizaciones, el uso de técnicas habilitantes alternativas, la implementación de una ventanilla única digital y la creación de una institucionalidad técnica especializada. Esta ley modifica más de 40 cuerpos legales y marca un hito en la modernización del Estado al permitir que los proyectos de inversión avancen con mayor certeza, eficiencia y sin disminuir los estándares regulatorios vigentes.
¿Cómo afecta a las municipalidades la Ley N°21.770 o ley de permisología?
- Plazos Estrictos: Se establecen plazos máximos (30 o 60 días) para que las DOM se pronuncien sobre permisos, lo que antes era muy discrecional.
- Mayor Competencia Municipal: Se delimitan más las funciones de los Directores de Obra, pero también se les da un rol más central en la agilización, con facultades claras en la tramitación.
- Reclamos Directos: Si una DOM niega un permiso o no responde (silencio negativo), el solicitante puede reclamar directamente ante la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, quitándole el control total del proceso a la municipalidad.
- Cambio de Denominación: Se cambia «permisos de edificación» por «permisos de construcción», un ajuste terminológico que impacta la normativa local.
Responsabilidad Profesional: Se aumentan las responsabilidades de arquitectos y profesionales que realizan estudios técnicos, impactando también la revisión municipal.
¿Cuál es el objetivo general de la Ley?
- Agilizar la Inversión: El principal fin es reducir drásticamente los tiempos de tramitación (entre un 30% y 70% o más), facilitando proyectos de inversión y construcción.
- Centralización/Coordinación: Crea nuevas instituciones (Oficina de Permisos Sectoriales, Comités) para coordinar mejor con otros servicios, buscando superar la «dispersión normativa» o «permisología» que afecta a la administración pública.
