El Ministerio Público presentó su acusación formal contra la excandidata a gobernadora y otros 10 exdirigentes del partido Comunes. La investigación apunta a irregularidades en la rendición de gastos de campaña ante el Servel.
La Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Sur ha dado un paso decisivo en el proceso judicial que involucra a la exdirigente política Karina Oliva. Tras finalizar la etapa de investigación, el ente persecutor presentó la acusación formal solicitando una pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo para Oliva, imputada por el delito reiterado de fraude de subvenciones.
La solicitud de la Fiscalía no se limita únicamente a la excandidata por la Región Metropolitana. Penas similares de siete años fueron requeridas para otros tres integrantes del círculo de hierro de la campaña: Martín Miranda (administrador electoral), Jorge Ramírez (expareja de Oliva y expresidente de Comunes) y Camila Ríos (exsecretaria ejecutiva del partido).
El origen del caso: Gastos bajo la lupa
La causa, que estalló a finales de 2021 tras un reportaje periodístico, se centra en las presuntas irregularidades cometidas durante la campaña a la gobernación regional de 2021. Según la tesis fiscal, los acusados habrían articulado un sistema para abultar gastos electorales o declarar servicios no prestados con el objetivo de obtener reembolsos improcedentes por parte del Servicio Electoral (Servel).
Entre las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público para el juicio oral se encuentran:
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106 testigos que prestarán declaración.
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7 peritos especializados.
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Más de 1.270 documentos probatorios.
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260 medios de prueba adicionales (registros digitales, bancarios y comunicaciones).
Otros imputados y penas solicitadas
El escrito fiscal también detalla peticiones de condena para otros involucrados en la red de financiamiento:
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5 años de cárcel: Para José Robredo, Juan Pablo Sanhueza, Diego Castillo y Nicolás Riffo.
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3 años de cárcel: Para Jean Flores, Luis Romero y Ailine Ramírez.
La postura de la defensa
A lo largo del proceso, Karina Oliva ha mantenido su declaración de inocencia, argumentando que las rendiciones se ajustaron a los servicios efectivamente prestados y acusando una «persecución política y mediática». Sin embargo, la contundencia de la acusación fiscal y la cantidad de evidencia documental complican el escenario judicial de la exfigura del Frente Amplio.
Lo que viene: Tras la presentación de esta acusación, el Juzgado de Garantía correspondiente deberá citar a una audiencia de preparación de juicio oral, instancia donde se filtrarán las pruebas que finalmente llegarán al tribunal de juicio para determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados.
