El Ministerio de Vivienda y Urbanismo respondió a las consultas generadas tras la presentación de un requerimiento ante la Contraloría para revisar la expropiación de parte de los terrenos del asentamiento Cerro Centinela, en San Antonio.
Desde la cartera señalaron que la expropiación es una facultad constitucional cuando existe un interés público y se ajusta a la normativa vigente, incluido el pago de una compensación conforme a la ley. Asimismo, indicaron que la legislación actual entrega al Minvu y a los Serviu atribuciones para adquirir o expropiar terrenos destinados a programas habitacionales.
Respecto al caso específico, el ministerio lo calificó como una situación crítica debido a la magnitud del asentamiento, donde viven más de 11 mil personas. Aclararon que la medida no busca desconocer la orden judicial de desalojo, sino compatibilizarla con el deber del Estado de generar soluciones habitacionales.
El Gobierno informó que ya presentó a la Corte de Apelaciones el plan correspondiente y que la expropiación será parcial. Además, recalcó que el proceso contempla instancias legales para que los propietarios puedan ejercer sus derechos y reclamar eventuales perjuicios.
Finalmente, afirmaron que se continuará trabajando con respaldo técnico y jurídico para dar cumplimiento al fallo y avanzar hacia una solución equilibrada, evitando la confrontación y considerando la complejidad social del conflicto.
