La Contraloría General de la República (CGR) ha revelado una serie de informes de auditoría que exponen graves debilidades administrativas y posibles delitos tras el megaincendio de 2024. El monto cuestionado asciende a $1.800 millones de pesos, derivados principalmente de la falta de control en las obras de demolición, remoción de escombros y la entrega de ayudas directas.
Organismos e Instituciones Involucradas
Las irregularidades se concentran en tres frentes institucionales:
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Ministerio de Obras Públicas (MOP): Es el organismo con los montos más altos bajo la lupa. Se detectaron pagos por $782 millones en el sector El Olivar por servicios de demolición que no cuentan con respaldo de ejecución, además de otros $434 millones por obras no acreditadas o parciales gestionadas por la Dirección de Arquitectura.
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Delegación Presidencial Regional (DPR): Cuestionada por el uso de tratos directos sin justificación técnica y el pago de sobreprecios que suman cerca de $586 millones, evidenciando una gestión deficiente de los fondos de emergencia de Interior.
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Municipalidades de Viña del Mar y Quilpué: Ambos municipios presentan fallas críticas en la trazabilidad de las ayudas. En Quilpué se detectó la compra de insumos sin certificación de seguridad (sellos SEC) y pérdida de bienes donados, mientras que en Viña del Mar se cuestiona la falta de comprobantes de recepción de materiales por parte de los damnificados.
Hallazgos Críticos
El informe destaca que se pagaron jornadas de maquinaria pesada que, según el monitoreo por GPS, nunca operaron en las zonas de catástrofe. Asimismo, se detectó una «coordinación previa» indebida entre autoridades y la empresa San Nicolás SpA antes de formalizar los contratos, lo que vulnera los principios de probidad y libre competencia.
Debido a la gravedad de los hechos, que incluyen sospechas de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, la Contraloría ha derivado los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para iniciar las acciones penales correspondientes contra quienes resulten responsables.
Detalles Específicos de los Informes
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Informe Final N° 500/25 (Demoliciones en El Olivar): Es uno de los más críticos. Detectó que la autoridad regional coordinó directamente con el proveedor (San Nicolás SpA) antes de formalizar el proceso, otorgando una ventaja indebida. Además, se pagaron $782 millones sin que se pudiera demostrar la ejecución efectiva bajo los estándares exigidos.
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Municipalidad de Quilpué: La actual administración (liderada por la alcaldesa Valeria Melipillán) ha señalado que el informe corrobora denuncias previas sobre desorden administrativo. Se detectaron fallas en la gestión de personal y proyectos de emergencia.
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Municipalidad de Viña del Mar: Las observaciones se centran en la vulneración de la normativa de compras públicas y la dificultad para rastrear si los beneficios llegaron realmente a las familias damnificadas entre febrero de 2024 y abril de 2025.
Consecuencias y Medidas
Ante estos hallazgos, la Contraloría ha tomado las siguientes acciones:
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Juicio de Cuentas: Se inició un proceso para que los funcionarios responsables restituyan los montos no justificados de su propio patrimonio.
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Remisión al Ministerio Público: Debido a que existen indicios de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, los antecedentes fueron enviados a la Fiscalía Regional de Valparaíso.
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Sumarios Administrativos: Se ordenó la apertura de investigaciones internas para determinar responsabilidades administrativas en la Subsecretaría del Interior y los municipios involucrados.
Este informe es un golpe duro para la gestión de la reconstrucción, especialmente considerando que muchos de estos recursos estaban destinados a la estabilización de terrenos antes del invierno.
