El Congreso Nacional despachó la iniciativa que busca erradicar el acoso y la violencia en las aulas. Tras su paso por el Tribunal Constitucional, la normativa obligará a los establecimientos a contar con coordinadores exclusivos, planes de bienestar socioemocional y protocolos contra el bullying.
Por Redacción Digital
Tras un extenso proceso legislativo, la Ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas está lista para convertirse en Ley de la República. Con un contundente respaldo en el Senado (31 votos a favor), la normativa ahora solo aguarda la revisión de rutina del Tribunal Constitucional para su posterior promulgación.
Esta reforma estructural responde a la crisis de convivencia post-pandemia y busca transformar los colegios en entornos seguros, inclusivos y protegidos, tanto para estudiantes como para equipos docentes.
1. Un rol activo del Estado y nuevas obligaciones
La ley ya no deja la convivencia al azar o a la voluntad de cada centro. Ahora, el Estado asume un papel de garante mediante la Política Nacional de Convivencia Educativa, que tendrá una vigencia de ocho años y coordinará esfuerzos con los ministerios de Salud, Seguridad Pública y Mujer.
Los pilares que deberán implementar los colegios:
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Coordinación Exclusiva: Los establecimientos con aporte estatal deberán contar con un Coordinador de Convivencia con dedicación única, eliminando la dispersión de funciones.
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Actualización de Reglamentos: Los protocolos internos deberán incluir medidas específicas contra el acoso sexual, laboral (en línea con la Ley Karin) y el consumo de drogas.
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Consejos y Comités: Se exige la constitución de Consejos Escolares en colegios subvencionados y Comités de Buena Convivencia en los particulares pagados.
2. Salud mental y seguridad: Armas y bienestar emocional
Uno de los puntos más innovadores es el enfoque en la salud mental. Se crea un Programa de Bienestar Socioemocional para alumnos de 3° básico a 3° medio, que incluye talleres deportivos y culturales dentro de la Jornada Escolar Completa (JEC).
En cuanto a la seguridad física, la ley autoriza a los sostenedores a implementar tecnología para la detección de armas en los recintos educativos, una respuesta directa a los incidentes de violencia registrados en el último año.
3. El factor pedagógico: «Sin bienestar no hay aprendizaje»
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacó que esta ley no es solo una medida administrativa, sino una necesidad pedagógica urgente.
«La evidencia indica que cuando los climas educativos no son adecuados, los aprendizajes no suceden. Este proyecto apunta a la excelencia del sistema», afirmó el titular de la cartera, subrayando que la convivencia era el indicador con mayor rezago tras el retorno a la presencialidad.
4. Fiscalización y sanciones
Para evitar que los protocolos se queden en el papel, la Superintendencia de Educación verá fortalecidas sus facultades de fiscalización. Los establecimientos que no cumplan con el deber de prevenir, comunicar o actuar ante casos de acoso y violencia se enfrentarán a sanciones severas.
Además, la Agencia de Calidad implementará un Sistema de Monitoreo de la Convivencia para evaluar constantemente el clima social de cada escuela en el país.
