La iniciativa, despachada a ley por el Congreso, busca terminar con procesos que hoy promedian los 11 años. La normativa también permitirá fijar densidades mínimas en zonas estratégicas como estaciones de Metro.
Tras poco más de un año de tramitación, el Congreso despachó a ley el proyecto para el Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Planificación Territorial. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, marcando un hito en la gestión urbana del país al establecer, por primera vez, plazos perentorios para la actualización de los instrumentos de planificación.
Reducción de plazos y desburocratización
El núcleo de la nueva ley es la fijación de un cronograma estricto: la elaboración de los Planes Reguladores Comunales (PRC) y Metropolitanos (PRM) tendrá un plazo base de 18 meses, prorrogable únicamente hasta los 24 meses.
Esta medida responde a una realidad crítica. Según datos de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), los procesos de formulación actuales promedian los 11 años, lo que provoca que los planes nazcan obsoletos frente a los cambios sociales y demográficos. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, destacó que esta celeridad permitirá tener ciudades «más justas y equilibradas», evitando que la burocracia actúe como un freno para la inversión y la solución al déficit habitacional.
Densificación estratégica e integración social
La normativa introduce cambios sustanciales en la configuración de la ciudad:
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Densidades mínimas: Los planes podrán exigir un mínimo de habitantes por hectárea en zonas con alta inversión pública, como el entorno de estaciones de Metro, Merval o Biotren. Esto busca optimizar la rentabilidad social y evitar la segregación periférica.
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Gestión de suelo industrial: Se otorgan facultades para intervenir terrenos abandonados o industriales con urgencia, sin esperar la tramitación completa de un nuevo plan regulador.
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Vivienda social: Se implementan mecanismos para asegurar la disponibilidad de suelo destinado a barrios integrados y diversos.
Los desafíos de implementación
Pese al respaldo transversal, sectores técnicos y gremiales advierten sobre la capacidad de ejecución en regiones. Alfredo Echavarría, presidente de la CChC, y analistas de AGS Visión Inmobiliaria, señalaron que muchos municipios pequeños carecen de recursos técnicos y financieros para cumplir con el nuevo estándar. Actualmente, el promedio nacional es de apenas 1,8 profesionales por comuna dedicados a estas tareas, lo que requerirá un apoyo robusto de las Seremis para evitar una sobrecarga administrativa.
Finalmente, la ley simplifica la jerarquía de aprobación: los instrumentos serán validados mediante decreto alcaldicio, reduciendo los pasos burocráticos independientes de si existe o no un plan intercomunal previo, agilizando la toma de decisiones local.
