La reciente revelación de la Contraloría General de la República sobre funcionarios públicos y municipales involucrados en apuestas millonarias en casinos no es solo una cifra alarmante de $11.500 millones de pesos; es un síntoma de una vulnerabilidad profunda en la estructura de confianza de nuestras instituciones locales.
Para los 346 municipios del país, el hallazgo de la Fiscalización CIC N°20 pone el foco en una figura crítica: el funcionario que custodia y administra fondos públicos. La Ley de Casinos (N° 19.995) es taxativa al prohibir el juego a quienes tienen llaves de las arcas fiscales, no por un juicio moral sobre el azar, sino por un principio de resguardo patrimonial y prevención de riesgos.
El Riesgo de la Fragilidad Financiera
Cuando un directivo o profesional con poder de firma transacciona montos que triplican o cuadruplican sus remuneraciones anuales en una sala de juegos, se enciende una alerta roja que va más allá de la falta administrativa. La ludopatía o la exposición financiera descontrolada de un administrador público es la antesala de la malversación. La historia reciente de la gestión municipal en Chile nos ha enseñado que la línea entre el descuido personal y el fraude al fisco es peligrosamente delgada.
Sumarios, Justicia y Control
El escenario que enfrentan hoy los municipios mencionados exige acciones que superen la mera anotación en la hoja de vida:
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Sanciones Ejemplares: Los sumarios deben tramitarse con celeridad. La destitución por falta grave a la probidad es la única respuesta proporcional cuando se vulnera la exclusividad del manejo de fondos.
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Transparencia Proactiva: No basta con esperar el informe anual de la Contraloría. Las direcciones de control interno deben fortalecer los mecanismos de auditoría sobre las declaraciones de patrimonio e intereses.
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Responsabilidad de los Operadores: Es imperativo cuestionar cómo 910 funcionarios eludieron los controles de identidad en los casinos. La fe pública es una responsabilidad compartida entre el Estado y los concesionarios privados.
Conclusión
La labor municipal es la primera línea del Estado frente al ciudadano. Si esa línea se debilita por intereses personales o vicios privados que comprometen la integridad del presupuesto local, se daña la democracia en su base más cercana. Hoy, más que nunca, la gestión municipal requiere de guardianes, no de apostadores. La probidad no es una opción; es el requisito mínimo para ejercer la función pública.
