Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) ha encendido las alarmas tras revelar que un grupo de funcionarios públicos, sujetos a una prohibición legal estricta, realizaron transacciones por montos astronómicos en salas de juego. El foco de la irregularidad se concentra con fuerza en el Gran Concepción, específicamente en las municipalidades de Concepción y Chiguayante, donde solo 11 empleados transaccionaron más de $447 millones entre enero de 2024 y junio de 2025.
Infracción a la Ley de Casinos
La normativa vigente es clara: el artículo 10 de la Ley 19.995 prohíbe taxativamente que aquellos funcionarios a cargo de custodiar o administrar fondos públicos efectúen apuestas en casinos. Pese a esto, el mecanismo de fiscalización de la Contraloría (CIC Nº20) detectó que la práctica es más extendida de lo previsto, involucrando a 910 trabajadores estatales a nivel nacional, con un movimiento total que supera los $11.490 millones.
Los casos críticos del Gran Concepción
En la capital regional, un Inspector General de la Municipalidad de Concepción registró movimientos por $198 millones, posicionándose entre los diez mayores apostadores del país dentro del sector público. Por su parte, en Chiguayante, un funcionario de planta profesional alcanzó transacciones por $193 millones.
El desglose por comuna revela una situación equitativa en gravedad:
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Chiguayante: 6 funcionarios involucrados con apuestas por un total de $225.076.843.
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Concepción: 5 funcionarios detectados con transacciones que suman $222.353.433.
Lo que más preocupa a los organismos fiscalizadores es la desproporción financiera: los montos apostados por este grupo no guardan relación alguna con las remuneraciones percibidas en sus respectivos cargos municipales.
Ofensiva legal y administrativa
Tras el hallazgo, la Contraloría derivó los antecedentes a la Superintendencia de Casinos y Juegos (SCJ) para las sanciones pertinentes. Sin embargo, las repercusiones escalarán al ámbito judicial. La información ya está en manos del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para investigar posibles delitos económicos o civiles.
A nivel local, ambos municipios deberán instruir sumarios administrativos de carácter inmediato para establecer las responsabilidades de los implicados, quienes arriesgan severas sanciones disciplinarias por vulnerar la probidad administrativa.
