En un movimiento estratégico que busca cumplir una de sus promesas de campaña más emblemáticas, el Presidente José Antonio Kast ha puesto en marcha un plan para eliminar gradualmente el impuesto territorial en Chile. La iniciativa, enmarcada en el proyecto de ley de «Reconstrucción Nacional», propone como primer paso fundamental eximir del pago de contribuciones a los adultos mayores de 65 años sobre su vivienda principal.
Bajo la premisa de que resulta «injusto» que las personas paguen un arriendo perpetuo al Estado por un patrimonio ya consolidado, el Ejecutivo argumenta que esta medida otorgará certeza económica a un segmento de la población que, pese a ser dueña de sus hogares, suele enfrentar problemas de liquidez al jubilarse.
El dilema municipal y el fantasma del desfinanciamiento
La propuesta no ha tardado en generar fricciones con los gobiernos locales. Actualmente, las contribuciones representan más del 50% de los recursos del Fondo Común Municipal, el motor financiero que permite la equidad territorial en el país. Solo en la primera mitad de 2025, la recaudación superó los $797.000 millones, una cifra cuya ausencia podría dejar un vacío crítico en servicios públicos y seguridad ciudadana.
Alcaldes de diversos sectores han advertido que, si bien la protección al adulto mayor es una causa compartida, la eliminación del tributo sin un mecanismo de compensación robusto pondría en jaque la sostenibilidad de las comunas más vulnerables.
Hacia una «solución California»
Ante el riesgo de desfinanciamiento, una alternativa internacional ha comenzado a ganar adeptos en el debate técnico: el modelo de California. Este sistema propone una reforma estructural en lugar de una supresión total.
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Cambio de lógica: El impuesto dejaría de calcularse según el avalúo fiscal actualizado periódicamente.
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Valor de adquisición: El tributo se anclaría al precio de compra original de la propiedad.
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Topes al incremento: Se establecerían límites estrictos a las alzas anuales, evitando que la plusvalía del barrio —ajena al bolsillo del propietario— expulse a los vecinos de sus hogares.
Un nuevo contrato social inmobiliario
El debate de fondo plantea una pregunta sobre la justicia tributaria: ¿debe un ciudadano pagar por el aumento de valor de su barrio si no tiene intención de vender su propiedad? Mientras que algunos ediles sugieren trasladar la carga impositiva al momento de la venta del inmueble (capturando la plusvalía real), el Gobierno se mantiene firme en aliviar la carga inmediata de los mayores.
La discusión legislativa que se avecina será clave para determinar si Chile opta por la eliminación directa o por una modernización que garantice, al mismo tiempo, la dignidad de la vejez y la supervivencia financiera de los municipios.
