En un escenario marcado por el incremento de la violencia y los intentos de amedrentamiento hacia autoridades locales, la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) ha elevado al Ejecutivo una propuesta legislativa clave: endurecer las sanciones contra quienes amenacen a alcaldes, especialmente en contextos vinculados al crimen organizado.
La iniciativa surge como una respuesta institucional a una serie de episodios críticos que han afectado a jefes comunales en la Región Metropolitana, como Karina Delfino (Quinta Normal), Miguel Concha (Peñalolén) y Javiera Reyes (Lo Espejo). Sin embargo, el respaldo más contundente ha llegado desde el sur del país, donde los ediles advierten que la integridad de la gobernanza local está en juego.
Un frente unido desde las regiones
Para los alcaldes del sur, estas amenazas no son hechos aislados, sino obstáculos directos al ejercicio democrático. Rodrigo Wainraihgt, alcalde de Puerto Montt, señaló que el riesgo se extiende a concejales y directores de Seguridad Pública. Wainraihgt, quien ha denunciado ataques personales tras intervenir contra el comercio ilegal, enfatizó que proteger a las autoridades es, en última instancia, proteger la tranquilidad de los vecinos.
Por su parte, desde la comuna de Quilaco, el alcalde Pablo Urrutia calificó la propuesta como un avance significativo para quienes lideran el trabajo territorial día a día. En la misma línea, José Miguel Muñoz, jefe comunal de Mulchén, advirtió que el crimen organizado busca socavar el Estado de derecho, por lo que fortalecer la legislación es una medida fundamental para mantener la integridad de las gestiones municipales.
El llamado a la urgencia legislativa
El proyecto de la AMUCH no solo busca castigar con mayor severidad la intimidación, sino también enviar un mensaje de tolerancia cero frente al delito. Con la seguridad como eje prioritario de la agenda nacional, la asociación espera que la propuesta sea tramitada con suma urgencia en el debate legislativo, estableciendo un marco de protección real para quienes representan la primera línea de contacto entre el Estado y la ciudadanía.
