El Congreso aprobó recientemente una nueva prórroga que permitirá que las licencias de conducir vencidas mantengan su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, en medio de un sistema municipal que continúa saturado por la alta demanda de renovaciones. La medida, respaldada pese a la oposición del Ejecutivo, busca aliviar el colapso que arrastran las direcciones de tránsito desde la pandemia, problema que ni la digitalización parcial implementada en 2025 logró resolver.
Actualmente la renovación exige trámites presenciales que incluyen exámenes médicos y psicotécnicos, presentación de documentos y pago de derechos, un proceso que usuarios califican como lento. En una carta publicada por El Mercurio, el ingeniero Alejandro Lizana atribuyó la congestión a un diseño estructural deficiente, señalando que el sistema obliga a reevaluaciones estandarizadas sin distinguir el historial de conducción, lo que genera saturación permanente.
El debate ha reactivado la comparación con modelos internacionales donde la renovación puede realizarse en línea cuando no existen infracciones graves ni alertas médicas. Países europeos, asiáticos y norteamericanos aplican evaluaciones presenciales solo en casos de riesgo, separando el trámite administrativo del control de competencias.
La ley recientemente promulgada establece que las licencias vencidas durante 2025 serán válidas hasta fines de 2026, mientras que las que expiren en 2026 tendrán una extensión de seis meses. Las prórrogas solo aplican a renovaciones, por lo que quienes obtienen licencia por primera vez podrían enfrentar mayores tiempos de espera.
En paralelo, desde febrero rige una nueva exigencia legal: los postulantes deberán firmar una declaración jurada que acredite no padecer enfermedades incompatibles con la conducción. Entregar información falsa será considerado una infracción grave y podría derivar en la cancelación del documento.
pero, ¿cómo afecta esta situación a las municipalidades?
A las municipalidades les pega en tres niveles: operativo, financiero y político.
Operativamente, la prórroga no elimina la demanda: la aplaza. Las direcciones de tránsito siguen acumulando solicitudes mientras mantienen atención presencial obligatoria. Eso significa agendas copadas por meses, funcionarios sobrecargados y menor capacidad para atender otros trámites municipales. En la práctica, el problema se transforma en una “bola de nieve” administrativa que crece hacia 2026.
Financieramente, aunque los municipios siguen recaudando por renovaciones, el costo de sostener personal, sistemas y atención extendida también aumenta. Varias comunas han debido reforzar equipos o habilitar operativos extraordinarios, lo que tensiona presupuestos locales que ya son limitados.
Políticamente, el colapso se traduce en desgaste institucional. Los usuarios asocian la demora directamente con el municipio, aunque el diseño del sistema sea nacional. Esa percepción erosiona la confianza en la gestión local y genera presión constante sobre alcaldes y concejos municipales.
