La reciente escalada de amenazas contra la alcaldesa de Lo Espejo refleja, más allá del caso individual, una tendencia preocupante que interpela la seguridad pública y la integridad del orden democrático en Chile. Las reiteradas advertencias de muerte contra Javiera Reyes —incluyendo ofrecimientos de dinero para atentar contra su vida por parte de bandas narcotraficantes— y su confirmación ante la Fiscalía y el Ministerio Público ilustran un nivel de hostigamiento que ya no es aislado ni anecdótico, sino que tiene raíces profundas en el tejido de la violencia criminal urbana.
Este fenómeno, que en otras latitudes ha llevado incluso al asesinato de autoridades locales —como se ha observado en países vecinos donde alcaldes son objetivos directos de grupos del crimen organizado— no es una simple coincidencia. El aumento de la presencia delictiva en barrios y comunas se traduce inevitablemente en mayores riesgos para quienes lideran políticas de recuperación del espacio público, combate al narcotráfico y revitalización territorial.
Para los municipios, la amenaza no se trata únicamente de riesgos personales. La intimidación directa contra alcaldes y alcaldesas tiene efectos corrosivos sobre la gestión local, la participación comunitaria y la confianza pública en las instituciones. Si gobernar un territorio implica hoy exponerse a mensajes anónimos con ofertas económicas por atentados, se crea una barrera real para el ejercicio de la política pública y para el despliegue de programas de seguridad ciudadana que requieren liderazgo cercano y valiente.
Este clima también subraya una deficiencia estructural que va más allá de Lo Espejo. Hay, evidencias crecientes de que el crimen organizado en América Latina cambia su estrategia, enfocándose más en capturar espacio político y territorial que en disputas sólo económicas, lo que vuelve a los gobiernos locales y sus decisiones —sobre todo las que impactan directamente en la calle— en blancos sensibles.
La respuesta institucional hasta ahora ha incluido apoyo de gremios municipales y protección policial para algunas autoridades amenazadas. Sin embargo, estos mecanismos no pueden ser parches aislados. Debe existir una estrategia nacional de seguridad pública integral, que combine prevención, inteligencia territorial, protección efectiva y, sobre todo, coordinación entre Estado central, municipalidades y fuerzas de orden. Los recientes esfuerzos por reformar y fortalecer la coordinación interinstitucional —como la creación de nuevas estructuras de seguridad — avanzan en el sentido correcto, pero aún enfrentan retos de implementación efectiva.
Finalmente, el caso de Lo Espejo es un recordatorio urgente de que la seguridad local es un componente fundamental de la seguridad nacional. Si permitimos que el miedo reemplace a la gestión pública, si dejamos que las voces del crimen dicten qué políticas pueden implementarse en los territorios, se corre el riesgo de debilitar no sólo a una alcaldesa o alcalde, sino el mismo corazón de la democracia municipal.
La seguridad de nuestras comunidades no empieza ni termina en los barrios; empieza y termina en la protección y respaldo sólido de quienes han sido elegidos para representarlas.
