El proyecto de Ley de Incendios, una de las iniciativas más discutidas tras las últimas catástrofes forestales en el país, dio un paso clave en su tramitación legislativa y podría redefinir la forma en que Chile planifica sus ciudades, protege sus ecosistemas y enfrenta la prevención de emergencias.
La iniciativa, actualmente en tercer trámite constitucional, fue aprobada por el Senado el 27 de enero de 2026 y regresará a la Cámara de Diputadas y Diputados para su votación final en las próximas semanas. Aunque aún no es ley, el proyecto busca establecer un marco estructural para prevenir y mitigar incendios forestales y rurales, reforzando la capacidad del Estado antes y durante las emergencias.
El texto propone identificar zonas de alto riesgo —especialmente en áreas de interfaz urbano-rural, donde la expansión de las ciudades colinda con vegetación combustible— e imponer medidas obligatorias a propietarios, como cortafuegos y manejo de vegetación. Además, fortalece la fiscalización estatal y promueve la coordinación entre servicios públicos, municipalidades y comunidades para anticipar desastres.
La tramitación ha sido extensa. El proyecto lleva más de dos años en el Congreso y permaneció estancado durante meses en la Comisión de Hacienda del Senado, generando críticas transversales. El Presidente Gabriel Boric ha insistido en su pronta aprobación, mientras sectores de oposición han pedido centrar el debate en prevención concreta y han cuestionado discusiones sobre cambios de uso de suelo posteriores a incendios, tema que en versiones anteriores del proyecto fue descartado.
Más allá del Congreso, los gobiernos locales ya están actuando. En regiones como Biobío, alcaldes y consejos regionales impulsan ajustes a planes reguladores para crear franjas de seguridad y mejorar rutas de evacuación. Otros municipios han reforzado campañas comunitarias de prevención y apoyo a zonas afectadas, evidenciando una respuesta territorial activa frente al riesgo creciente de incendios.
Expertos en manejo forestal y cambio climático advierten que la frecuencia de estos eventos exige una mirada ambiental de largo plazo. El proyecto se conecta con esa preocupación al integrar gestión del territorio, protección de ecosistemas y planificación urbana. A esto se suma la reciente creación de fondos especiales de emergencia, como el establecido en 2024 para la reconstrucción en la Región de Valparaíso.
De aprobarse definitivamente, la ley impactará también los permisos de construcción y la planificación comunal. Las municipalidades deberán incorporar criterios de riesgo de incendios en sus decisiones urbanísticas, exigiendo estudios de mitigación y adecuando sus planes reguladores. En la práctica, los desarrollos en zonas vulnerables enfrentarán mayores estándares técnicos y ambientales.
La votación final en la Cámara será el último paso para una norma que busca transformar la prevención de incendios en política de Estado. Mientras tanto, la discusión ya está influyendo en la forma en que ciudades y comunidades se preparan para un fenómeno que dejó de ser excepcional y pasó a ser parte de la nueva realidad climática del país.
