Las compañías con más de 100 trabajadores deben informar a la Dirección del Trabajo sobre la cuota del 1% de contratación. Quienes no cumplan de forma directa pueden optar por medidas alternativas como donaciones a proyectos sociales.
Este viernes 31 de enero finaliza el plazo legal para que las empresas chilenas que cuentan con una dotación de 100 o más empleados realicen su reporte anual ante la Dirección del Trabajo (DT). El trámite busca verificar el cumplimiento de la Ley N°21.015, la cual exige que al menos el 1% de la planilla esté compuesto por personas con discapacidad.
El desafío de la cuota directa
Desde su entrada en vigencia en 2018, la normativa ha buscado derribar barreras en el mercado laboral. No obstante, la legislación reconoce que existen escenarios donde la contratación directa se vuelve compleja. Factores como la naturaleza técnica de las funciones, la ausencia de vacantes disponibles o la falta de candidatos que se ajusten a perfiles específicos son considerados «razones fundadas» para no alcanzar el porcentaje requerido.
Medidas alternativas y beneficios tributarios
Para los casos en que la contratación no sea factible, la ley ofrece vías alternativas. Una de las más utilizadas es la donación de recursos a organizaciones acreditadas que trabajen en la capacitación y rehabilitación de personas con discapacidad.
El monto de este aporte debe ser equivalente a 24 sueldos mínimos por cada cupo no cubierto. Es importante destacar que estas donaciones no solo permiten el cumplimiento normativo, sino que también otorgan beneficios tributarios bajo el marco de la Ley 19.885 (Donaciones con Fines Sociales).
El rol de la sociedad civil: El caso de Fundación Coanil
Organizaciones como la Fundación Coanil han tomado un rol protagónico en este ecosistema, actuando como puentes para que las empresas canalicen sus aportes de forma efectiva. A través de iniciativas como la consultora Elige Incluir y su red de talleres protegidos, la fundación no solo facilita la inserción laboral, sino que impacta en la calidad de vida de cerca de 900 familias.
«Coanil representa una alternativa concreta para seguir aportando a una sociedad más justa e inclusiva cuando no se puede cumplir de manera directa», señaló Nicolás Fehlandt, gerente general de la institución, subrayando que la ley debe ser vista como un compromiso social y no solo como una obligación administrativa.
A medida que el reloj avanza hacia el cierre del mes, el llamado de las autoridades y organismos expertos es a regularizar la situación de forma oportuna para evitar sanciones y, sobre todo, para fomentar un impacto real en la inclusión sostenible dentro del sector privado.
