El envejecimiento de la población en Chile ha puesto sobre la mesa un debate jurídico y social inédito: ¿se puede obligar por ley a un familiar a visitar a un adulto mayor? Un proyecto de ley, impulsado por el senador Francisco Chahuán (RN), busca crear un régimen de visitas similar al de los niños y adolescentes (NNA), estableciendo multas y sanciones penales para quienes incumplan con el contacto periódico.
La propuesta surge ante el creciente aislamiento y abandono que afecta a personas mayores de 65 años. Sin embargo, el texto ha encontrado reparos fundamentales en la Corte Suprema y en la academia, donde se cuestiona si la judicialización es el camino correcto para fomentar el afecto.
Las claves del proyecto
La iniciativa introduce procedimientos específicos en los Tribunales de Familia para garantizar el derecho a la vinculación social de los mayores. Entre sus puntos principales destacan:
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Sanciones económicas: Multas que van desde 1 a 10 UTM ($69.500 a $695.000 aproximadamente) por incumplimiento injustificado.
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Derivación penal: En casos de abandono o maltrato detectados tras la falta de visitas, los antecedentes pasarían al Ministerio Público.
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Legitimación: La solicitud de visitas la puede realizar el propio adulto mayor, familiares de hasta cuarto grado de consanguinidad e incluso personas con vínculos afectivos significativos.
El «freno» de la Corte Suprema
Pese a reconocer que el aislamiento es un «problema social real», el máximo tribunal emitió un informe de 12 páginas con duras críticas. El argumento central es la autonomía: a diferencia de un niño, un adulto mayor goza de libertad y vida privada que podrían verse vulneradas por un Estado «paternalista».
Los ministros advirtieron que intentar replicar modelos como el de China —donde los hijos están obligados por ley a visitar a sus padres— es difícilmente aplicable en la realidad institucional chilena. Para los jueces, el camino no debe ser «judicializar la falta de afecto», sino fortalecer las redes de protección ya existentes.
El factor humano: ¿Es viable imponer el cariño?
Para Macarena Rojas, directora ejecutiva del Centro UC de Estudios de Vejez y Envejecimiento, el proyecto tiene un espíritu correcto pero un abordaje limitado.
«Si tengo una relación rota con un familiar, una visita impuesta por ley probablemente no sea satisfactoria y genere efectos adversos», advierte la experta.
Rojas señala que la política pública no puede descansar únicamente en la familia, especialmente en un contexto donde los hogares son cada vez más pequeños o diversos. «No se soluciona solo con interpelar a la familia; se requieren redes comunitarias, vecinales y un Estado presente», afirma.
Próximos pasos
Ante las observaciones, el senador Chahuán se mostró abierto a perfeccionar la iniciativa. El parlamentario valoró las sugerencias de la Corte Suprema y confirmó que presentará indicaciones para evitar una «protección simétrica» entre niños y adultos mayores, buscando un equilibrio que respete la dignidad de los beneficiarios.
