Un grupo transversal de senadores, encabezado por Fabiola Campillai, Yasna Provoste, Rojo Edwards y Esteban Velásquez, ingresó formalmente un proyecto de acuerdo para solicitar al Presidente de la República la creación urgente de una Política Nacional y un Plan de Acción para Personas con Discapacidad. La iniciativa pone especial énfasis en la necesidad de incluir un capítulo dedicado exclusivamente a las personas con síndrome de Down.
La propuesta busca elevar la inclusión a una política de Estado que trascienda los gobiernos de turno, asegurando cuidados y derechos de manera permanente. Según los legisladores, la ausencia de un marco normativo robusto deja en la vulnerabilidad a miles de familias chilenas.
Un vacío legal de 15 años
Los parlamentarios denunciaron una inacción administrativa que se ha prolongado por más de una década. Pese a que la Ley de Inclusión fue promulgada hace 15 años, el país aún no cuenta con el Plan de Acción que la normativa exige para operativizar los derechos de las personas con discapacidad.
«Es necesario avanzar con premura. Han transcurrido 15 años sin la elaboración de la Política Nacional», señalaron los senadores en una declaración conjunta.
Respaldo social y académico
La senadora Campillai destacó que esta solicitud no nace de forma aislada, sino que recoge el trabajo de la sociedad civil. En marzo de 2023, el Centro UC Síndrome de Down —con el respaldo de más de 16.000 ciudadanos y 72 instituciones— ya había enviado una comunicación al Ejecutivo en la misma línea, la cual no ha tenido una respuesta satisfactoria hasta la fecha.
Transversalidad de la condición
Por su parte, la senadora Yasna Provoste enfatizó que el síndrome de Down es una condición genética que afecta a la población de manera transversal:
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Sin distinción socioeconómica.
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Independiente de la etnia.
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Sin importar la ubicación territorial.
Esta realidad, argumentan los autores del proyecto, justifica una especial consideración por parte del Estado para garantizar que el acceso a terapias, educación y salud no dependa de la capacidad de pago de las familias.
