La causa por un eventual fraude al fisco en la Municipalidad de San Bernardo volvió a activarse tras nuevas acciones del Ministerio Público. El fiscal adjunto de la comuna, Rubén Salas, ordenó el viernes 5 de diciembre una serie de diligencias adicionales a la Policía de Investigaciones con el objetivo de avanzar en la indagatoria relacionada con la exalcaldesa Nora Cuevas (UDI) y la administración de fondos de la Corporación Municipal durante su periodo.
Según el requerimiento enviado a la Brigada de Investigación Criminal de San Bernardo, la fiscalía solicitó que declaren en calidad de testigos todos los concejales actualmente en funciones. La lista incluye representantes del PS, Partido Radical, Partido Comunista, Frente Amplio, FRVS, Republicanos, Renovación Nacional y la UDI. Dentro del grupo se encuentra Mariela Araya, concejala gremialista que mantiene un vínculo familiar con la exalcaldesa —es su sobrina— y que además fue pareja de Mario Astorga, exdirector de finanzas municipales, también mencionado en la investigación.
Paralelamente, la Fiscalía requirió a la Corporación Municipal de Educación y Salud la entrega íntegra de la documentación correspondiente a las rendiciones de los Fondos de Apoyo a la Educación Pública (FAEP). Estos recursos, asignados por el Ministerio de Educación para el fortalecimiento de los establecimientos públicos, han sido objeto de cuestionamientos debido a presuntas irregularidades en su uso. La corporación enfrenta actualmente una elevada deuda por gastos sin respaldo suficiente, situación que derivó en una acción judicial del Consejo de Defensa del Estado. De acuerdo con ese organismo, entre 2015 y 2017 no se habría justificado adecuadamente el destino de más de 4 mil millones de pesos, que habrían sido desviados a otros fines o simplemente no rendidos.
El alcalde en ejercicio, Christopher White (PS), se ha referido con dureza al impacto de esta situación, señalando que dichos recursos estaban destinados exclusivamente a mejorar la educación pública y no a cubrir otros gastos. En ese contexto, advirtió que el municipio tendrá que asumir la deuda con fondos propios, lo que restringe seriamente la capacidad de gestión local.
Este proceso judicial no es el único que involucra a la exjefa comunal. En 2021, el municipio presentó otra querella por presuntas irregularidades en la administración de subvenciones escolares entre 2016 y 2020, por montos que superarían los 20 mil millones de pesos. En ese marco, Cuevas declaró como imputada en 2024, asegurando que las decisiones técnicas y operativas estaban a cargo de la corporación municipal y que su rol se limitó a una supervisión general.
A este escenario judicial se suma un clima político complejo en la comuna. En octubre, concejales del Partido Republicano y de la UDI ingresaron una solicitud ante el Segundo Tribunal Electoral Regional para remover al alcalde White, acusándolo de notable abandono de deberes y de provocar un perjuicio económico significativo. Entre los argumentos expuestos figuran las deudas históricas de la Corporación Municipal y la suscripción, durante 2022, de convenios y contratos colectivos que —según los ediles— no contaban con financiamiento suficiente, generando un déficit superior a los 3.300 millones de pesos.
