Las aventuras judiciales de Nicolas Sarkozy continúan. A partir de este jueves, quien fuera jefe de Estado francés entre 2007 y 2012 deberá comparecer ante el Tribunal Judicial de París acusado de financiar ilegalmente su frustrada campaña presidencial de 2012, un delito cuya sanción puede ascender a un año de prisión y 3.750 euros de multa. Valiéndose de un sistema de facturas falsas, el expresidente francés habría doblado el tope del gasto impuesto por la ley: Sarkozy gastó 42,8 millones de euros, frente a los 22,5 millones autorizados.
Para ocultar este significativo desfase, el exmandatario y su equipo habrían creado un sistema de doble facturación valiéndose de Bygmailion y su filial Event & Cie, la empresa encargada de organizar los mítines y encuentros de campaña. Dicha sociedad habría aceptado subestimar el montante de sus facturas y las cantidades pendientes de pago habrían sido abonadas directamente por la formación conservadora Unión por un Movimiento Popular (UMP) -rebautizada como Los Republicanos (LR)- gracias a recibos falsos, eventos ficticios y precios inflados.
«Espectaculares y costosos mítines»
La fiscalía tratará de demostrar que Sarkozy, que niega haber estado al tanto de las facturas falsas, no podía ignorar la manipulación de las cuentas de su campaña. «Fueron el candidato y su equipo más cercano quienes optaron por centrar la campaña en espectaculares y costosos mítines y por confiar la organización a agencias especializadas [como Bygmalion]», escribe el juez de instrucción, Serge Tournaire, en su informe de remisión.
«Se benefició de los fraudes»
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