Bolivia. La ex presidenta de Bolivia Jeanine Áñez, tras las rejas: «Me tienen incomunicada»

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Jeanine Áñez, en la cárcel de mujeres en La Paz, Bolivia.

La ex presidenta de Bolivia Jeanine Áñez ya se encuentra tras las rejas en las instalaciones capitalinas de la Fuerza Especial de la Lucha Contra el Crimen, en una imagen impactante que resume el terremoto político que ha estallado en el país. La ex mandataria y los dos ex ministros detenidos en la operación policial ordenada por la Fiscalía revolucionaria se han negado a declarar.

«Me tienen incomunicada», se quejó ante la Prensa mientras era trasladada a la Fiscalía en lo que considera se trata de una «aprehensión ilegal, sin previo aviso. Así es el abuso, así es el atropello».

Áñez evitó durante varias horas a las fuerzas gubernamentales, que allanaron su vivienda en Trinidad, capital del departamento de Beni, a 500 kilómetros de La Paz. Finalmente fue detenida de madrugada en su propio hogar, donde permanecía escondida dentro de una caja, según publicó la televisión oficialista. Más tarde fue trasladada hasta la capital en un avión Hércules del Ejército.

La ex presidenta, los ex ministros capturados Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, otros tres miembros de su Gobierno y siete militares y policías que presionaron a Evo Morales para que abandonara su cargo están acusados por conspiración, sedición y terrorismo.

El fraude electoral comprobado por la Misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) precipitó la fuga de Bolivia del líder de la revolución indígena, arrinconado por las protestas populares en las principales ciudades del país, la rebelión de policías en Cochabamba (se negaron a arremeter contra los manifestantes), la deserción de parte de sus colaboradores y la postura de los jefes militares, que aconsejaron a Evo que dimitiera en noviembre de 2019.

«Denuncio ante Bolivia y el mundo que en un acto de abuso y persecución política, el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) me ha mandado arrestar. Me acusa de haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolivianos», escribió Áñez en su cuenta de Twitter al ser detenida.

El caso, bautizado como «Golpe de Estado», fue iniciado por Lidia Patty, ex diputada del MAS, aunque la oposición señala directamente a Evo Morales. «Por justicia y verdad para las 36 víctimas fatales, los más de 800 heridos y más de 1.500 detenidos ilegalmente en el golpe de Estado. Que se investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura», arengó Evo, criticado internamente en su partido tras el fracaso de sus candidatos en las grandes ciudades, impuestos a dedo, en las elecciones locales del 7 de marzo.

«No es el odio el que impulsa nuestros actos, sino una pasión por la justicia de la que hemos dado cuenta a lo largo de nuestra vida», se justificó el vicepresidente David Choquehuanca.

«Somos claros que nosotros no realizamos persecución política, ni amedrentamos a quienes piensan diferente. La justicia debe continuar su trabajo de manera independiente. Hay que dejar claro que el Gobierno nacional no persigue a nadie, sino que busca justicia en el país», declaró ayer Carlos del Castillo, ministro de Gobierno y ‘número dos’ del presidente Luis Arce.

Precisamente son la independencia judicial y el cumplimiento de las reglas las que están muy cuestionadas tras los últimos acontecimientos. «En el Gobierno de Áñez hubo graves violaciones de derechos humanos, incluyendo dos aberrantes masacres. (Pero) la orden de detención contra Áñez no se refiere a esas masacres sino que la acusa de terrorismo sin aportar pruebas», denunció José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW).

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