Tras una serie de reuniones, el gobierno, encabezado por el Ministro del Interior, Víctor Pérez; el subsecretario Juan Francisco Galli y dos miembros del gabinete, Gonzalo Arenas y Giovanni Calderón, con el representante de la Confederación Nacional de Transportes de Carga (CNTC), Sergio Pérez, la situación del paro de camioneros se ha agudizado y las relaciones se han tensionado aún más, pese a la propuesta del ejecutivo, ninguna de estas citas cumplió su objetivo: terminar con el paro de los camioneros y sacar a más de dos mil vehículos de carga parados en las carreteras. Al contrario, se observa indicios de desabastecimiento en la zona macro sur y el gobierno evalúa aplicar Ley se Seguridad del Estado.
El paro de camiones se la semana pasada cuando los transportistas exigieron la urgente aprobación de 12 leyes en materia de seguridad, y que se mejoraran las condiciones de traslado de los transportistas en las rutas, principalmente en la Macrozona Sur (La Araucanía, Biobío, Los Ríos y Los Lagos), zona donde han sido víctimas de una serie de atentados.
Desde un discurso conciliador del gobierno, las cosas en el fin de semana se complicaron, cuando el gremio no aceptó la última propuesta, endureciendo el discurso y cortando algunas rutas, respondiendo el gobierno con la posible aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado.
Ante este panorama, el ministro Pérez indicó que lamentablemente las cosas han ido mutando y que el gremio no ha respetado la situación inicial de un paro pacífico y que al gobierno no le queda otro camino que ocupar su autoridad, los elementos que le franquea la ley para enfrentar esta situación (…). Queda usar todos los mecanismos que nos faculta la legislación vigente, y la Ley de Seguridad del Estado es uno de esos”.
De acuerdo a lo señalado en el diario La Tercera, el rechazo de los camioneros a la oferta del gobierno, explicaron desde el gremio, se debe a que no se estarían considerando medidas de seguridad para los camioneros de Valparaíso, quienes reclaman una “ola de asaltos” en la Ruta 68 y 78. Además, señalan que falta establecer de manera clara los plazos para cumplir lo ofertado, y donde dice que se indemnizará a quienes sufran actos “terroristas”, debiera reemplazarse por “delitos”.
Así las cosas, las bases del gremio de Valparaiso y la Araucanía no quedaron conformes por la oferta del gobierno y decidieron mantener el paro. Enel intertanto, desde el ejecutivo evalúan medidas paliativas para mantener la cadena de abastecimiento.
1 Urgencia y nueva ley: Implica darle suma urgencia a las propuestas que están en el congreso
2 Seguridad en la ruta: Colocar cámaras y otros instrumentos de vigilancia en la ruta
3 Peajes: Establecer sistemas de peajes y cámaras de iluminación.
4 Zonas de descanso: Se propone crear zona de descanso y estacionamientos en la ruta.
5 Línea de financiamiento: se propuso fortalecer los subsidios directos que entrega actualmente Sercotec, por medio del “Programa de Apoyo a Víctimas de la Violencia Rural”, a camioneros afectados por atentados y así cubrir los costos que no paga el seguro.
6 Tecnología: el Ministerio de Transportes creará una mesa técnica que ayude a establecer las necesidades de tecnología y seguridad de los camioneros y el impulso para legislar sobre un Sistema Nacional de Transporte de Carga por Carreteras.
7 Pensión para afectados: la oferta consideraba ir en ayuda de los conductores que fallezcan o resulten con invalidez total, producto de atentados terroristas, mediante la concesión de pensiones de gracia vitalicias para los afectados y becas de estudio a sus hijos.
8 Mesa de trabajo: Interior se comprometía a solicitar al MOP una política nacional sobre seguridad de carreteras e implementar una mesa de trabajo que haga seguimiento a los acuerdos. La fecha para la constitución será a más tardar 15 días después de firmado el acuerdo, fijándose sesiones cada 15 días, hasta marzo de 2021.
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