La Fiscalía de Atacama formalizó al alcalde suplente de Tierra Amarilla, Mario Morales, junto a ocho funcionarios de la municipalidad de esta comuna y cuatro contratistas por los delitos de fraude al fisco, cohecho y soborno, en el marco de una adjudicación irregular de proyectos.
El actual edil asumió el año 2017 como jefe comunal reemplazando Osvaldo Delgado, quien fue removido de su puesto por delitos de cohecho.
Los ilícitos que se imputan al actual alcalde se refiere a la asignación de proyectos de construcción, ampliación o mantenimiento de obras, cuyas empresas a cargo debían pagar coimas para ser designadas para la realización de los trabajos, determinándose un perjuicio fiscal de más de 102 millones de pesos.
Los hechos se dieron en diferentes proyectos, a saber: “Mejoramiento y Construcción de Bandejón Central Acceso Norte”, “Mejoramiento y Construcción Plazoleta Jardín Botánico Alto Meléndez”, “Instalación Pasto Parque Rafael Torreblanca” y “Ampliación Parque Rafael Torreblanca”.
Junto con ello, el fiscal Miranda sumó el delito de negociación incompatible respecto del alcalde suplente Mario Morales, por la contratación de personas al interior del municipio, y finalmente respecto del edil y cuatro de sus colaboradores, el ilícito de obstrucción a la investigación.
Esto último está relacionado con la entrega de antecedentes falsos ante los requerimientos de la PDI durante la investigación y otras acciones que interfirieron en el trabajo de la fiscalía y la policía como fue el formateo de computadores y teléfonos celulares.
Respecto de los pagos, el fiscal Miranda dio cuenta de cómo se concretó la entrega de coimas, incluso algunas de ellas en un departamento que el alcalde suplente mantiene en Copiapó. Mientras que otros se realizaron en las oficinas de la Municipalidad de Tierra Amarilla y en el Parque Schneider.
Por cada uno de estos antecedentes la Fiscalía de Atacama solicitó la prisión preventiva para todos los funcionarios de la Municipalidad de Tierra Amarilla, además de los contratistas imputados de los cargos. Mientras que para un contratista que colaboró con la investigación se pidió el arresto domiciliario total.
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