Este martes, el Consejo de Alta Dirección Pública (Consejo ADP) anunció su decisión sobre la rebaja a las dietas de parlamentarios y ministros. La entidad fue convocada a dirimir sobre este tema en el marco de la reforma constitucional aprobada a fines de mayo en el Congreso.
De este modo y tras 17 sesiones, el organismo fijó una rebaja de carácter transitorio de un 25% al sueldo bruto, para el caso de los parlamentarios y ministros de Estado; 10%, para el Presidente de la República, subsecretarios, intendentes y gobernadores provinciales; 10%, para gobernadores regionales, delegados presidenciales regionales y provinciales cuando asuman en sus cargos y de un 1% para secretarios regionales ministeriales y funcionarios de exclusiva confianza del Presidente.
En el caso de los parlamentarios y ministros, la rebaja del 25% se hizo en relación al último sueldo bruto percibido por dichas autoridades, el cual era de $9.439.853, quedando en $7.012.390, es decir un valor similar al que recibían en 2010, según detalló en un comunicado el Consejo ADP, que además precisó que las «asignaciones parlamentarias no son parte de la remuneración y no fueron encargadas al Consejo ADP por la reforma constitucional, por lo que no fueron alteradas por la decisión de este organismo».
Con la rebaja, la distancia entre la dieta de parlamentarios y ministros y el sueldo mínimo se reduce de 29 a 22 veces y de 16 a 12 veces en comparación con el promedio de las remuneraciones de las personas ocupadas del país. En relación con el escenario internacional, Chile pasa de ocupar el segundo lugar de la OCDE, a ubicarse en el séptimo, debajo de Israel.
Posteriormente, dado que la actual rebaja tiene un carácter transitorio, una comisión integrada por 5 miembros designados por el Presidente de la República, con el acuerdo de los dos tercios de los Senadores en ejercicio, deberá fijar cada 4 años las remuneraciones de las autoridades antes señaladas. La comisión deberá contar, entre sus integrantes, con un ex Ministro de Hacienda, un ex Consejero del Banco Central, un ex Contralor o Sub-Contralor de la República, un ex Presidente de una de las ramas del Congreso y un ex Director Nacional del Servicio Civil, que resguarden que las dietas de los servidores públicos se ajusten a criterios de mérito y austeridad.
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