Durante la jornada de ayer, el Presidente Sebastián Piñera, anunció la creación de un comité para evaluar la admisibilidad de los proyectos y mociones que presenta el Congreso, con el objetivo de evitar que proyecto inconstitucionales prosperen. La iniciativa ha generado diversas reacciones, siendo una de ellas, la de la Presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD).
Según sostuvo la senadora, en entrevista con El Diario de Cooperativa, con su declaración pública de la creación de este comité, el Primer Mandatario estaría desconociendo las atribuciones del Congreso, al tiempo que no estaría utilizando los caminos que la ley actualmente dispone para que el Ejecutivo proponga, dé sentido de urgencia o vete, determinados proyectos o mociones.
De acuerdo con la parlamentaria, esto «plantea un conflicto con el Parlamento, porque desconoce atribuciones y facultades, legislación interna que tenemos en las dos cámaras para la tramitación de los proyectos», explicando que «cuando un proyecto presenta controversia en materia de inadmisibilidad, está regulado no solo por el reglamento del Senado, sino que también por la Ley Orgánica del Congreso, entonces la prerrogativa de declarar admisible un proyecto de ley es de los presidentes de la Cámara de Diputados o del Senado».
En esa línea y conforme a lo planteado por la senadora, en un sistema presidencialista como el nuestro, el Presidente tiene atribuciones y facultades para impedir la tramitación de proyectos que, tanto en el postnatal de emergencia como en el proyecto que impedía el corte de suministros básicos por no pago, no se han utilizado. «No comprendemos esta declaración pública que ha hecho el Presidente frente a una situación de debate de admisibilidad de algunos proyectos, y no entendemos que no haya hecho uso de estas facultades», puntualizó Muñoz.
La senadora reconoció que en ciertas ocasiones los parlamentarios presentan proyectos que podrían tener un vicio de admisibilidad, pero que éstos siguen adelante para generar el debate político y que la suma de una medida como la creación de este comité con el ya existente Tribunal Constitucional, representa un freno importante para el desarrollo del debate político. Por lo que el parlamento sólo respaldaría un medida como ésta si con ella desapareciera el Tribunal Constitucional, o al menos, desaparecieran algunas de sus atribuciones, sostuvo Adriana Muñoz.
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