Acuerdo de mesa negociadora, permite que Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) suba a $100.000 por persona

Por los próximos dos años se pretende aumentar el gasto público en US$12.000 para paliar la crisis social y económica que afecta al país

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En la madrugada de este día domingo la mea negociadora llegó a un acuerdo con el Gobierno permitiendo que el ingreso familiar de emergencia aumente de $65.000 a  $100.000 por cada miembro del grupo familiar, siempre que cumplan con los requisitos correspondientes.

El citado beneficio llegará al 80% de las familias más vulnerables del país, conforme lo señalado en el Registro Social de Hogares.-

Existía discrepancia entre economista, expertos y autoridades políticas y de gobierno respecto del monto. Sin embargo, el Ejecutivo y los legisladores de la Comisión de Hacienda Ampliada, donde estaban representados el PS, PPD y la DC, acordaron elevar el monto por sobre la propuesta de los expertos, por lo que ahora alcanzará a 400 mil pesos en una familia de cuatro integrantes.

Entre las colectividades políticas que firmaron este acuerdo son el PPD, el PS y la DC desde la oposición, mientras que desde el oficialismo estuvieron RN y la UDI.

En medio de las negociaciones, representantes del Partido Radical y de Revolución Democrática abandonaron la mesa, por discrepancias en el monto y alcances de la negociaciones.

Varios personeros políticos se refirieron al tema, entre ellos el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, destacó la importancia de este acuerdo y señaló que es un esfuerzo para que las familias puedan proteger sus ingresos durante la pandemia que azota al país.

«Hemos logrado tener una acuerdo por un plan a favor de la protección de los ingresos de las familias chilenas, la reactivación económica y el empleo que son las fuentes principales de los ingresos», afirmó el líder de Hacienda.

Otros aspectos que abarca la negociación pretende generar una hoja de ruta social y económica para los próximos dos años, aumentando el gasto público en US$12 mil millones.

Además, considera una rebaja del 50% al impuesto a la renta para las Pymes, facilitar el acceso al crédito a las Pymes, depreciación acelerada, subsidios a la contratación de mano de obra, programa de inversiones públicas y criterios de apoyo para grandes empresas.

 

 

 

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