Fuente: http://www.jornada.com.mx
Quince millones de dólares, es el precio ofrecido por la justicia estadunidense para quien brinde información “que puedan llevar a la detención y arresto” del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Además, 10 millones son ofrecidos en el caso de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y otros dirigentes actuales, como Tareck El Aissami, y ex funcionarios.
Han quedado así procesados por el Departamento de Justicia estadounidense, un anuncio que fue hecho por el Fiscal General, William Barr, junto a fiscales federales de tribunales de, entre otros, Nueva York y Florida. “Tengo un mensaje para los altos cargos del chavismo: la fiesta se les está acabando”, dijo, por ejemplo, Ariana Fajardo, fiscal para el sur de Florida.
Dentro de los acusados se encuentran también Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
La acusación es por narcoterrorismo. Barr señaló que el gobierno venezolano busca “inundar a Estados Unidos con cocaína”, y que ha enviado entre 200 y 250 toneladas de cocaína, lo que equivale, explicó, a 30 millones de dosis. Esa operación de “inundación” estaría coordinada, según explicó, con el sector de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que retomaron las armas.
La acusación, sin embargo, no se sostiene según datos internos de Estados Unidos, donde aparece que alrededor de 90 por ciento de la cocaína con destino a Estados Unidos se trafica a través de las rutas del caribe occidental y el pacífico oriental, y no a través de los mares del caribe oriental de Venezuela.
La razón esgrimida para ponerle precio a la cabeza del presidente venezolano y a Cabello, con un rol de liderazgo central dentro del chavismo, cumple el rol de argumento formal para justificar una declaración de nuevo punto de no retorno en el ataque contra el gobierno venezolano.
El nuevo paso dado por Estados Unidos sucede en simultáneo con la acusación del gobierno venezolano del intento de activación de un nuevo plan golpista. El presidente denunció que el 23 de marzo había sido incautado un cargamento de armas en Santa Marta, Colombia que iba con destino a Venezuela.
Esa denuncia tuvo un giro inesperado pocas horas después del anuncio del Departamento de Justicia estadunidense: Cliver Alcalá, un mayor general prófugo en Colombia señalado varias veces por su participación en tramas golpistas, reconoció públicamente estar detrás de las armas incautadas que iban a ser “para hacer una unidad militar que se conformó con la idea de libertar al país y eliminar quirúrgicamente los objetivos”.
Las declaraciones de Alcalá revelaron no solamente su participación protagónica, sino la de Juan Guaidó que, según explicó Alcalá, “firmó un contrato en Colombia con asesores norteamericanos” para la compra de las armas. El prófugo afirmó que el gobierno colombiano estaba al tanto de la operación.
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